¿Defensores de los derechos humanos? María Dolores conversa con Miguel Castillo acerca de la magnitud del robo de energía eléctrica. Castillo explica que la modalidad inició en 2010 en los municipios de Malacatán, San Marcos y San Pablo, mediante la oposición de proyectos hidroeléctricos encabezada por la iglesia católica. La actividad ilícita y lucrativa se hizo atractiva para organizaciones como Codeca y se extendió a todo el país. A pesar de las casi mil denuncias planteadas, las autoridades que se han enfrentado a Codeca fueron sancionadas por atacar a un grupo dedicado a defender los derechos humanos. Actualmente, La Comisión Nacional de Energía Eléctrica pretende someter a los clientes de Energuate para solventar las deudas pendientes.