María Dolores conversa con Alejandro Baldizón y Luis Fernández acerca de la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad y sus repercusiones en la aplicación de la pena de muerte. La resolución expone que la pena capital ya no tendrá efecto en los delitos de parricidio, plagio, secuestro, desaparición forzada y dar muerte al presidente y vicepresidente de la república. Por un lado la Convención Americana de Derechos Humanos a través del Pacto de San José, ratificado en 1978, indicaba que no podían ser impuestas penas de muerte a nuevas figuras delictivas. Contradictoriamente durante 1995 y 1996 fueron impuestas nuevas figuras, a las que se les asignó dicha pena. La Corte de Constitucionalidad pretende resolver con dicha resolución la mala interpretación de la norma penal del Congreso; una función que no le corresponde.