María Dolores, Sebastián Ríos y José Carlos entrevistan al abogado Arturo Miranda para conversar sobre el Estado de Calamidad. El gobierno de Bernardo Arévalo declaró un estado de calamidad debido a los incendios forestales y no forestales, a pesar de que varios incendios ya estaban controlados en un alto porcentaje. La declaración se basa en recomendaciones de la CONRED, argumentando que se necesita mayor agilidad en la adquisición de recursos y en la colaboración internacional. Existe preocupación por la falta de claridad en los artículos del decreto que limitan derechos constitucionales, como la libertad de locomoción y acción. El artículo 5 del decreto establece restricciones a los derechos constitucionales, lo que ha generado críticas sobre su amplitud y posible abuso de poder. La ley de orden público permite al Ejecutivo adquirir bienes y servicios sin seguir los procesos normales de contratación, lo que puede abrir la puerta a la corrupción. La falta de información sobre cómo se implementarán las medidas para garantizar la transparencia en el uso de recursos es una preocupación central.

Históricamente, los estados de calamidad en Guatemala han sido utilizados para justificar la corrupción y la malversación de fondos, sin abordar las causas de los desastres. La falta de infraestructura adecuada y de procedimientos en la CONRED limita la efectividad de las respuestas ante emergencias, lo que subraya la necesidad de una reforma estructural. La sociedad civil y los ciudadanos deben ser parte del proceso de fiscalización para asegurar que las decisiones del gobierno se alineen con el interés público.