En perjuicio de los ciudadanos. María Dolores conversa con el abogado Daniel Marroquin sobre el estado de sitio en El Estor, Izabal. Marroquin comenta que el tema debe ser abordado iniciando con cuestionar el origen de la conflictividad. El Convenio 169 de la OIT impone a los estados parte la obligación de desarrollarlo para su aplicación nacional. En Guatemala, la ley no ha sido aprobada y ha provocado un vacío legal. La Corte de Constitucionalidad se atribuyó la potestad de legislar, emitiendo órdenes a entidades estatales para llevar a cabo las consultas a los pueblos. Es importante destacar que se busca respetar el derecho de un grupo, pero no los del otro que ya cuentan con un autorización extendida por el estado de Guatemala.