Incertidumbre jurídica afecta economía guatemalteca. María Dolores conversa con David Howe y Andrés Dávila acerca del caso de la Mina San Rafael. Explican que hace cuatrocientos once días, la organización CALAS interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Ministerio de Energía y Minas, ya que no habían realizado las consultas a los pueblos indígenas planteadas en el Convenio 169 de la OIT. La CSJ suspende provisionalmente las operaciones de la mina como un efecto secundario. La Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de CALAS, sin embargo, revoca dicha suspensión. CALAS apela nuevamente por el cierre de la mina. Los magistrados contaban con cinco días para resolver el cierre o continuación de las operaciones de la empresa, pero han pasado más de doscientos noventa y nueve.