Alimentación saludable. Estuardo Zapeta, José Carlos Ortega y Sebastián Ríos comentan sobre las consecuencias no deseadas de las regulaciones alimentarias. Las leyes con buenas intenciones a veces tienen consecuencias no deseadas. Las regulaciones destinadas a mejorar la calidad de los alimentos pueden en realidad aumentar los precios. Comentan la negativa de la fiscal general, Consuelo Porras, a participar en una reunión de gabinete. La Presidencia de la República, la Secretaría General de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación no pueden tener la calidad de creadores de adhesivos en determinadas materias.

En una entrevista con Santiago López Jaramillo, Director para América Latina y el Caribe en el Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA), comentan sobre la Ley de promoción de alimentación saludable. La legislación apunta a combatir la doble carga del hambre y el sobrepeso en América Latina. Se necesita una cuidadosa consideración para abordar múltiples cuestiones como el empleo y el bienestar. En la región, el costo de una dieta saludable es significativamente mayor en comparación con otras partes del mundo, lo que plantea desafíos para la nutrición y el hambre. Las iniciativas propuestas deben considerar los efectos sociales y económicos, especialmente en términos de generación de empleo y calidad de vida. La carga fiscal sobre los alimentos aumenta los precios y repercute en la salud pública y el desarrollo social. La imposición de impuestos a los alimentos contribuye al aumento de precios, lo que afecta la accesibilidad para las personas de bajos ingresos. El aumento de los precios dificulta el acceso a opciones de alimentos nutritivos, lo que contradice los objetivos de salud pública y desarrollo social.