Contratos lesivos continúan vigentes. Juan Francisco conversa con Walter Sierra acerca de las nuevas revelaciones en el Caso TCQ. Sierra explica que el proyecto figuraba como una aparente inversión extranjera en la costa pacífica del territorio nacional, la cual fue presentada durante el gobierno de Álvaro Colón. Posteriormente se materializó como la Terminal de Contenedores Quetzal en el gobierno del Partido Patriota en 2013. Debido a los nuevos casos de corrupción, como La Línea, se ha revelado que la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex presidente Otto Pérez Molina, habrían recibido una comisión de treinta millones de dólares para autorizar el contrato en Puerto Quetzal. Actualmente, APM Terminals maneja un déficit de ciento cincuenta millones de quetzales anualmente, por lo que el contrato continúa siendo lesivo para el estado.