Marta Yolanda y Jorge comparten algunas reflexiones con relación a los bonos del presidente Jimmy Morales y la corrupción. Dan a conocer que según declaraciones del Ministro de la Defensa, Williams Mansilla, el decreto que asignaba los bonos fue firmado el 1 de enero del 2016, sin embargo, Jimmy Morales tomó posesión de su cargo como Presidente de la República hasta el 14 de enero; está situación genera varias reflexiones acerca de quiénes firmaron el acuerdo y si este involucraba al entonces presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Morales ha cobrado en los últimos 9 meses un total de cuatrocientos cincuenta mil quetzales de los tributarios, como bono de responsabilidad. Opinan que hasta este momento y bajo estos extremos la ciudadanía comienza a ser consciente de la cantidad de corrupción que existe en Guatemala.

¿Quiere combatir la corrupción?

Marta Yolanda y Jorge comparten el segmento junto a María Dolores Arias quien amplía su artículo titulado “¿Quiere combatir la corrupción?”. Arias explica que la lucha contra la corrupción no se limita al antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales ni a su persecusión política, se encuentra más allá; enraizado en un sistema de incentivos perversos que faculta con un poder casi ilimitado a los burócratas, quienes modifican la ley a su conveniencia. Asegura que la lucha contra la corrupción debe ser sensata y a largo plazo, asimismo, debe basarse en la limitación del poder del gobierno reduciéndolo a sus funciones básicas, a un sistema sin privilegios, abrir la competencia política independiente en las elecciones de diputados y a derogar leyes que facultan a los funcionarios de poderes supremos.

Resolución de la Corte Suprema de Justicia en relación a las operaciones de Mina San Rafael

Jorge y Marta Yolanda realizan un enlace con Andrés Dávila, vocero de Mina San Rafael, para comentar sobre la resolución otorgada por la Corte Suprema de Justicia. Dávila indica que el pasado viernes fueron notificados acerca de una nueva resolución, la cual contenía expresamente la revocación del amparo provisional del 5 de julio,misma que suspendió sus operaciones por sesenta y cinco días. A pesar de la esperanza de poder iniciar con su labor pronto, comparte que aún existen inquietudes que deben resolver con las comunidades; con el objetivo de establecer un diálogo para poder continuar su labor en conjunto. Asimismo, han realizado análisis legales de profundidad para determinar el momento oportuno para la reanudación de operaciones.