Marta Yolanda Díaz Durán, María Dolores Arias y Jorge Jacobs analizaron cómo las implicaciones legales han generado un intenso debate público sobre la coherencia entre el discurso político y la acción gubernamental. Legalmente, la vicepresidenta Karin Herrera sostiene que su salario es un “derecho adquirido”, Francisco Quezada, aclaro que esa figura no aplica a funcionarios electos, lo que complica aún más la situación.

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