José Carlos Ortega y Pedro Pablo Velásquez analizaron la crisis de justicia en Guatemala, cuestionando la efectividad institucional frente a componendas y amenazas. Se destacó que el sistema electoral sigue cooptado por intereses políticos, con barreras que limitan la participación ciudadana genuina. El caso de Angelita Carolina Martínez reveló contradicciones en denuncias de fraude electoral y posibles represalias, reflejando la fragilidad del Estado de derecho.