José Carlos, Estuardo y Sebastián Ríos comentan la improbación del estado de calamidad junto con el abogado Francisco Quezada.

La reciente votación en el Congreso de Guatemala resultó en la improbación del estado de calamidad propuesto por el presidente Bernardo Arévalo, con 84 votos en contra, lo que refleja una falta de apoyo tanto de oficialistas como de opositores. Los legisladores argumentaron que el estado de calamidad contenía lagunas que podían facilitar la corrupción y limitar los derechos constitucionales de la ciudadanía, específicamente el artículo 5 de la Constitución. La moción que llevó a la improbación del decreto fue presentada por Adin Maldonado, quien destacó que el decreto no cumplía con los requisitos necesarios para su aprobación.

La decisión del Congreso fue aplaudida por algunos diputados que consideran que el gobierno no debe tener la libertad de decretar estados de excepción sin justificación adecuada, dada la historia de abusos en administraciones anteriores. Críticas se centraron en la redacción del decreto, que no justificaba adecuadamente la restricción de derechos individuales, lo que llevó a la desconfianza entre los legisladores sobre las intenciones del gobierno. Los diputados también mencionaron que el estado de calamidad no era necesario, ya que las autoridades afirmaron que los incendios estaban bajo control y que había alternativas para manejar la situación.