José Carlos Ortega y Juan Pablo Álvarez abordaron las implicaciones de la Ley PINA en relación con los menores de 13 años, a raíz de un caso reciente en el que una niña de 12 años fue señalada por el homicidio de su maestro. Se explicó que, conforme a la legislación guatemalteca, los menores de esa edad no pueden ser procesados penalmente.

Mario Taracena Coyado planteó los posibles motivos detrás del hecho, como represalias por disciplina o maltrato, y se señaló la responsabilidad de los adultos y del Estado en prevenir que los menores sean manipulados por estructuras criminales.

Magistrados y expertos resaltaron la necesidad de realizar investigaciones profundas en estos casos, reconociendo el papel fundamental de la familia, la escuela y la comunidad como redes de apoyo primarias.

Se mencionó que los adolescentes de entre 13 y 18 años sí pueden enfrentar procesos penales especiales. Además, se discutió la creciente explotación de menores por parte de organizaciones delictivas, aprovechando su inimputabilidad.

En el programa también se trataron temas como el aumento de la violencia, la gestión de la deuda estatal, y las preocupaciones sobre derechos de propiedad en Guatemala y otros países. Finalmente, se enfatizó la importancia de formar ciudadanos con valores, conciencia social y sentido de responsabilidad frente a la creciente violencia juvenil.