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El programa analizó la creciente invasión de propiedades en la capital como reflejo de una crisis más amplia de seguridad, institucionalidad y gestión pública en Guatemala. Conducido por Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, el espacio expuso cómo la debilidad del Estado ha permitido que el crimen organizado avance tanto en zonas rurales como urbanas.

En el ámbito de infraestructura, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, señaló la grave inestabilidad del Ministerio de Comunicaciones, que ha tenido cinco ministros en menos de dos años. Esta rotación ha provocado parálisis administrativa, falta de mantenimiento vial y un deterioro severo de rutas estratégicas, elevando los costos logísticos y afectando la competitividad del país. También se cuestionó el presupuesto 2026, aprobado con un alto nivel de endeudamiento y enfocado más en gasto burocrático que en inversión productiva o seguridad.

El eje central fue la usurpación de viviendas. Gustavo Méndez, de ACD Pro, alertó que más de 13 mil casas fueron invadidas entre 2020 y 2024, especialmente en zonas vulnerables de la capital. Explicó que estructuras criminales intimidan a propietarios, usan las casas para extorsión o actividades ilícitas, configurando un “terrorismo urbano”.

Finalmente, Ricardo Rojas, en su segmento Libercátedra, criticó un sistema penal que prioriza al Estado y no a la víctima, desincentivando la denuncia y la reparación del daño.