Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs analizaron la polémica Ley de Aceptación de Cargos en Guatemala, diseñada para agilizar el sistema judicial al permitir que los acusados acepten culpabilidad a cambio de reducciones en sus penas, con la participación especial del abogado José Domingo Paredes.

Aunque la intención es descongestionar los tribunales, esta legislación ha generado críticas por beneficiar a criminales y presionar a inocentes a admitir delitos que no cometieron.

Uno de los principales cuestionamientos es que la ley permite que criminales, al aceptar cargos menores, eviten sanciones severas y salgan rápidamente de prisión. Esto pone en duda la eficacia del sistema penal y la justicia para las víctimas. Por otro lado, los inocentes, temerosos de enfrentar largas condenas en procesos prolongados.

Casos recientes han exacerbado la controversia. Más de 100 pandilleros fueron liberados tras aceptar cargos menores que excluían delitos graves como extorsión. Además, figuras políticas como Ligia Hernández han utilizado la ley para enfrentar acusaciones de corrupción, generando percepciones de complicidad y uso indebido de esta herramienta.

Ante estas críticas, expertos recomiendan revisar la ley para evitar que promueva la impunidad y garantizar que cumpla su propósito de justicia. También se plantea la necesidad de abordar problemas estructurales, como el abuso de la prisión preventiva y la corrupción, para construir un sistema penal más justo y eficiente.