Estuardo da a conocer el caso de Oscar Armando y Carlos Daniel, dos niños secuestrados y posteriormente asesinados en San Juan Sacatepéquez. Indica que el Ministerio Público reveló que durante uno de los allanamientos, realizados en varios puntos del país en busca de los implicados en el secuestro el 10 de febrero, fueron capturados 3 hombres y una mujer; de los cuales uno confesó haber realizado tales crímenes y sentirse avergonzado. Los criminales exigían un millón de quetzales a la madre y ante la negativa los asesinaron y depositaron en costales. Estuardo explica que la ciudadanía exige la pena de muerte, sin embargo, la respuesta podría ser: la acción de la Procuraduría de Derechos Humanos con respecto a los derechos de los criminales, el convenio 169 respecto a su procedencia indígena, mismo que indica tomar otras acciones ajenas a la prisión y el Pacto de San José, el cual no permite llevar a cabo tal acción.