Marcela Porta, María Dolores Arias y Jorge Chapas analizaron el presupuesto 2025, el cual presenta un panorama complejo con elementos positivos, como un aumento en las proyecciones de ingresos tributarios, pero también preocupaciones significativas sobre sostenibilidad fiscal y legalidad; este tema tuvo el acompañamiento del analista Ricardo Barrientos.

Aunque incorpora ampliaciones en el gasto social y la inversión pública, su dependencia de altos niveles de endeudamiento plantea riesgos para la estabilidad económica a largo plazo.

El presupuesto incluye disposiciones añadidas en la comisión de finanzas, generando inquietud por la rapidez de su aprobación y por contradicciones con leyes, como la prohibición de financiar gasto corriente con deuda pública. Además, errores formales y falta de claridad en los documentos complican su ejecución y seguimiento.

Se señala que el debate presupuestario ha sido altamente político, influenciado por ideologías y prioridades gubernamentales, pero carece de un diálogo público amplio. Esto resalta la necesidad de un análisis crítico que evalúe los beneficios reales del gasto social frente a su sostenibilidad.

La deuda pública en niveles alarmantes y el posible desequilibrio fiscal refuerzan la importancia de una gestión responsable. La transparencia y la participación ciudadana son claves para garantizar que las decisiones presupuestarias respondan a las necesidades reales de la población, priorizando sectores esenciales como salud, educación e infraestructura.