Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán conversan con el abogado Francisco Quezada, presidente del CEDECON, sobre la solicitud de antejuicio en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras. El proceso de antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras se traslada a la Corte Suprema de Justicia, donde se decidirá si procede o no. Este caso refleja tensiones políticas en Guatemala y podría influir en el futuro del Ministerio Público. La posibilidad de que el congreso logre los 107 votos necesarios para quitar el antejuicio a la fiscal es incierta, generando un debate político intenso. Este proceso podría marcar un cambio significativo en la estructura del poder. La relación entre el presidente y el Ministerio Público está marcada por tensiones y diferencias sobre la participación de la fiscal general en reuniones del gabinete.

Comentan también sobre la incoherencia entre las promesas de campaña y la realidad del presupuesto en Guatemala que es alarmante. A pesar de las afirmaciones sobre la corrupción, el gobierno sigue pidiendo más dinero sin justificación clara. El presidente redujo la estimación de corrupción del 40% al 30%, pero sigue siendo una cifra alarmante. Se menciona que el gobierno planea solicitar entre 12,000 y 13,000 millones de quetzales adicionales. Esto contradice la lógica de reducir el gasto y la corrupción en el uso del presupuesto.