Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs entrevistaron a Francisco Quezada sobre los problemas de la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), destacando preocupaciones sobre su inconstitucionalidad y posibles implicaciones políticas. Una de las principales críticas es que la ley excluye a las policías municipales, otorgando un monopolio a la PNC en el control del orden público, lo que contraviene la Constitución.

Además, al ignorar otras fuerzas de seguridad como el ejército y la inteligencia civil, se generan dudas sobre su efectividad.

Otro punto controversial es el aumento de poder policial. La ley concede a los policías un fuero especial que les impide ser detenidos en casos de violencia durante su labor, lo cual podría fomentar abusos de poder e impunidad.

En el ámbito administrativo, la normativa exige la emisión de reglamentos complejos que podrían retrasar su implementación. También limita la facultad del Congreso para ajustar el presupuesto de la PNC, lo que podría desbalancear las finanzas del Estado.

La aprobación de esta ley ha intensificado la desconfianza ciudadana hacia el Movimiento Semilla, percibido ahora como aliado de actores políticos cuestionados. Asimismo, existe un clima de incertidumbre sobre posibles abusos policiales y un debilitamiento de las instituciones democráticas, mientras persiste la percepción de que estas reformas priorizan intereses políticos en lugar del bienestar ciudadano.