Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs conversaron con el abogado Arturo Miranda analizando la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala, que ha generado críticas por su falta de transparencia y sus posibles implicaciones en la seguridad ciudadana. La legislación fue aprobada en un contexto marcado por cuestionamientos hacia el gobierno y sus políticas de seguridad, lo que ha profundizado la desconfianza pública.

Uno de los principales problemas señalados es que la ley no responde a los problemas de corrupción y abuso de poder dentro de la PNC. Además, se argumenta que limita la supervisión y control civil sobre las acciones de los agentes, lo que podría facilitar la impunidad policial y aumentar los abusos contra la población.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de la ley en los derechos civiles y libertades individuales, exigiendo una reforma integral que garantice transparencia y responsabilidad. La falta de un plan claro para implementar la normativa genera incertidumbre.

El éxito de esta legislación dependerá de la voluntad política para atender las demandas de la sociedad civil y asegurar un diálogo abierto entre el gobierno, la PNC y la ciudadanía. Los expertos advierten que, de no abordarse estas preocupaciones, aumentará la desconfianza y la percepción de que las fuerzas de seguridad priorizan intereses.