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Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán conversaron en torno al impacto que tendría un aumento del salario mínimo decretado por el gobierno sobre el empleo y la informalidad en Guatemala. El análisis partió de la expectativa por el anuncio del presidente Bernardo Arévalo, que según se discutió podría implicar incrementos que, lejos de mejorar el bienestar, presionarían a empresas formales y provocarían despidos o migración hacia la informalidad.

El panel examinó cómo la mayoría de trabajadores ya opera fuera de la formalidad debido a costos laborales elevados y barreras burocráticas. Se argumentó que subir salarios por decreto beneficia a un grupo limitado mientras deja fuera a quienes no alcanzan la productividad exigida. También se abordaron tensiones sobre seguridad y gobernanza, incluyendo cuestionamientos por hechos ocurridos en Nahualá y la necesidad de investigaciones claras para preservar la confianza pública.

En el plano económico, Hugo Maúl explicó que decisiones monetarias e intervenciones estatales influyen en empleo, tipo de cambio y capacidad adquisitiva. Se destacó que la falta de infraestructura, costos logísticos altos y regulaciones rígidas reducen competitividad y desalientan inversión productiva. El cierre enfatizó que el problema central no es el salario mínimo en sí, sino la escasez de empleos productivos y sostenibles, por lo que se requiere atacar causas estructurales para ampliar oportunidades reales de trabajo formal.