María Dolores Aria, José Carlos Ortega y Juan Pablo Álvarez hablaron sobre el aumento salarial aprobado para los diputados de Guatemala en el presupuesto del Congreso 2025, que ha generado controversia por su aparente falta de discusión pública y justificación legal.

El diputado José Chic presentó una acción de inconstitucionalidad argumentando que no existe un marco legal que respalde estas indemnizaciones, ya que los diputados no tienen contratos laborales. La Corte Constitucional deberá decidir si suspende el aumento.

Este aumento, considerado una «bofetada» al pueblo, se da en un contexto de pobreza y desempleo, agravando la percepción de desigualdad y descontento social. Críticos proponen que los diputados donen este incremento a causas sociales como muestra de compromiso.