Pedro Pablo Velásquez, José Carlos Ortega y Juan Pablo Álvarez analizaron la controversia generada por el presupuesto nacional 2025 en Guatemala, marcado por decisiones cuestionadas y su impacto en la población. El diputado Becker Chocoj presentó un amparo constitucional contra el presupuesto, señalando violaciones a la Constitución, con su invitado del día, Edwin Curtidor, como recortes significativos a la Universidad de San Carlos (más de 2000 millones de quetzales) y a las municipalidades (más de 5000 millones).

Otro aspecto polémico es el aumento salarial aprobado para los diputados, percibido como un «pacto de corruptos». Este incremento ha generado indignación, especialmente porque coincide con un presupuesto que no prioriza infraestructura ni servicios públicos, reflejando un enfoque en beneficios personales sobre las necesidades del pueblo.

El presupuesto también incluye un incremento de casi 30,000 millones de quetzales en deuda pública, tanto interna como externa, lo que expertos consideran un riesgo para la estabilidad macroeconómica del país. La falta de ingresos suficientes para cubrir este endeudamiento preocupa, planteando escenarios de crisis económica futura y subrayando la falta de transparencia en su gestión.

La sociedad civil y diversos sectores han mostrado descontento ante la falta de respuesta del gobierno, exigiendo mayor rendición de cuentas. Este descontento refuerza la desconfianza hacia las instituciones y evidencia la necesidad de priorizar los intereses del país por encima de los políticos.