María Dolores conversa con Mario Archila acerca de las aduanas, los puertos y la SAT. Esto a raíz del anuncio del superintendente de la SAT de cerrar la portuaria Santo Tomás de Castilla en Izabal. Archila comenta que el superintendente no cuenta con las facultades para decidir tal acción ya que sus facultades obligatorias se reducen a ejercer el control del comercio y cobrar los tributos pertinentes, por lo que estaría incurriendo a un incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Asimismo, mencionan que la burocracia y legislación restrictiva, ambigua y arbitraria incentivan la corrupción vinculando a la SAT y al ejecutivo como responsables. Archila opina que nuestra legislación estaba basada un paradigma de falsa seguridad que se resolvería con trámites certeros y simplificaciones en las leyes.