¿Cuándo una orden es «manifiestamente ilegal»?

18 de noviembre de 2024
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Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán conversaron con el abogado Ignacio Andrade sobre la controversia sobre la renuncia del Ministro de Comunicaciones y las implicaciones de acatar órdenes judiciales que puedan considerarse «manifiestamente ilegales». Según la Constitución, estas órdenes, que implican la comisión de un delito o carecen de fundamento legal claro, no deben cumplirse por funcionarios públicos. Ejemplos incluyen actos contra civiles desarmados sin justificación razonable.

Sin embargo, surge la pregunta de quién determina su ilegalidad y cómo actuar ante tales situaciones. Los funcionarios están obligados a obedecer órdenes judiciales a menos que sean claramente ilegales, pero la desobediencia puede acarrear consecuencias legales. Renunciar para evitar cumplir estas órdenes podría interpretarse como obstrucción de la justicia, lo que genera un dilema ético y jurídico.

El debate incluyó tensiones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, señalando acusaciones de parcialidad en la persecución de delitos. La independencia judicial y la separación de poderes son esenciales para garantizar el respeto a las órdenes judiciales, con la Corte Constitucional como árbitro final de su legalidad.

Se analizan ejemplos históricos, como el «serranazo», para ilustrar cómo actos manifiestamente ilegales pueden desestabilizar el sistema institucional. Este contexto resalta la importancia de seguir procedimientos legales antes de cuestionar una orden, manteniendo así el estado de derecho y evitando el desorden institucional.

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