Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs conversaron con Luis Pedro Álvarez analizando el presupuesto propuesto para 2025 en Guatemala revela preocupaciones significativas sobre su impacto económico, social y ético. Destacaron que el presupuesto incluye un endeudamiento elevado, estimado en 30,000 millones de quetzales, sumando a una deuda acumulada que supera los 250,000 millones. Este escenario plantea riesgos financieros a largo plazo para el país.

El 25% del presupuesto se destinaría al pago de intereses de deuda, dejando recursos limitados para programas sociales y desarrollo comunitario. Además, se señala que la asignación prioriza el funcionamiento gubernamental sobre inversiones productivas, perpetuando el estancamiento económico. La falta de transparencia en la distribución de fondos ha generado desconfianza ciudadana, pues partidas significativas carecen de destinos claros o proyectos definidos.

Cuestionamientos legales surgen respecto a disposiciones que violarían principios constitucionales, como destinar fondos no ejecutados al pago de deuda. Sin embargo, la posibilidad de impugnar estas decisiones ante la Corte Constitucional es limitada, dejando a los ciudadanos con escasas herramientas de defensa.

A pesar de las críticas, se prevé que el presupuesto será aprobado por el Congreso, reflejando dinámicas políticas que priorizan intereses particulares sobre el bienestar general. Este debate subraya la necesidad de una participación ciudadana activa y mayores mecanismos de control para garantizar una gestión pública ética y responsable.